El archivo en la historia

Diversos textos informan de la existencia de un archivo en las Casas de la Ciudad levantadas a fines del siglo XIV en la plaza de la Magdalena; en realidad no una sala exclusiva para ese destino, sino un mueble cerrado en el que la ciudad guarda los documentos que demuestran sus derechos, entre otros los otorgados por distintos reyes sobre el uso de aguas y pastos, delimitación de términos, celebración de ferias y exención de impuestos a sus vecinos. Así mismo, deposita otros relacionados con el gobierno municipal tales como ordenanzas, concordias con localidades próximas y pleitos.

En las primera décadas del siglo XVI el concejo mantenía, además, en la parroquia de Santa María Magdalena otro archivo, quizás tan sólo un cofre cerrado, cuyo contenido concreto no desvelan las fuentes notariales que lo mencionan.

En cambio, para fines de esa misma centuria tenemos ya constancia de la existencia de un espacio para archivo, en la que se custodian además de los documentos las arcas de los oficios mayores y menores que encierran los nombres de los insaculados, es decir, los vecinos que pueden optar al desempeño de los cargos municipales sorteados para cada ejercicio. Al tratarse en ambos casos de elementos claves para el funcionamiento de la vida concejil, la dependencia se hallaba protegida con especiales medidas de seguridad, dos puertas, la segunda de ellas con dos cerraduras, y con acceso y control reglamentado en las Ordinaciones Municipales, como consta en las de 1594, las más antiguas conservadas.

Sin embargo, las actas que dan fe de la actividad municipal ordinaria, como reuniones de los concejos y consejos, tomas de posesión de los oficiales públicos, arriendo de bienes y derechos, recopilados en los registros de secretaría anuales, no se integran en este archivo de las Casas de la Ciudad sino que permanecen en poder del secretario, oficio desempeñado cada año por uno de los notarios públicos o del número de la ciudad.

Esta forma de gestión debía de producir múltiples inconvenientes tales como pérdidas y extravíos de documentos, dificultades para el acceso a los conservados por los sucesivos secretarios y desorden general. Para remediar esa situación, en 1618 se nombra a dos notarios comisionados para “componer y concertar las escrituras y papeles del archivo”. Fruto de su trabajo es el Libro y sumario de los drechos y escripturas y firmas que la çiudad de Taraçona tiene en los lugares circunvecinos y de los pribilegios y escripturas que en el Archiu se hallaron el año 1618, registro que todavía conservamos.

A partir de ese momento, las Ordinaciones Municipales recogen un apartado titulado Del regimiento del Archivo en el que se impone al justicia, jurados y lugarteniente del justicia, en su calidad de máximos representantes concejiles, la obligación de mantener actualizado el inventario, con la incorporación de los nuevos documentos que se generen y la formalización de un testimonio público cada vez que un escrito salga del depósito para ser usado en cualquier trámite.

En el siglo XVIII, con la llegada en 1708 de Felipe V al trono de España y la imposición de un nuevo sistema de gobierno local que suprimía las peculiaridades aragonesas, el edificio de la Lonja pasó a concentrar la actividad municipal, quedando en desuso la mayoría de los espacios de las antiguas Casas de la Ciudad de la Plaza de la Magdalena, caso de las salas para los concejos y la corte del Justicia. No obstante, todavía albergaba la cárcel real y el Archivo Municipal, sin que conozcamos con precisión el momento en el que la progresiva ruina ocasionó la pérdida definitiva de sus fondos. En 1752 se ordenaba al corregidor y regidores hacer un archivo en las Casas Consistoriales en el [que] se trasladen y pongan todos los privilegios, escrituras y demas derechos que le pertezcan [a la ciudad], tanto de los que al presente se hallan en el actual archivo como qualesquiere otros que estuvieren fuera del en poder de algunas personas o presentados en pleytos en que la ciudad aya litigado, haziendo se recojan todos y se coordinen en dicho archivo, formando rubrica individual de ellos.

Con todo, los graves problemas de conservación de las Casas Consistoriales no contribuyeron a favorecer el cumplimiento de esa disposición, pues tras cerca de dos décadas de amenazar ruina, fueron demolidas casi en su totalidad en 1773-1775. En su reedificación se destinó una habitación para archivo, que sin embargo con el paso del tiempo se vio relegado a emplazamientos poco adecuados, caso del desván sobre la secretaría que ocupaba en 1880. Esta circunstancia adversa, unida a cierta desidia en la custodia padecida hasta bien entrado el siglo XX, ocasionaron pérdidas y expolios irreparables. A este respecto, resulta muy significativo que en la actualidad falten de la serie de Actas Municipales varios volúmenes de las primeras décadas del siglo XVIII.